Por José SANTANA G.
A propósito de los debates que se están llevando a cabo en torno a la firma del Pacto Eléctrico, los cuales envuelven al Gobierno y a varios sectores de la sociedad dominicana; entrevistamos a uno de sus actores principales en torno a la importancia, los obstáculos, así como su pertinencia y sus posibles perjuicios a ciertos sectores de la vida nacional.
JS ¿Cuál es la importancia de que RD tenga un pacto eléctrico?
R. Su importancia radica en que del Pacto Nacional para la reforma del Sector Eléctrico debe resultar el plan de trabajo definitivo con actores responsables y tiempo de solución específico para tener un suministro energético continuo de calidad a precios razonables en los distintos sectores residenciales de la República Dominicana.
El Pacto Nacional para la reforma del Sector Eléctrico debe contener la solución definitiva del déficit financiero de miles de millones de dólares anuales que gasta el Estado dominicano para cubrir: a) La ineficiencia técnica-administrativa histórica de las Empresas Distribuidoras, b) los subsidios a los empresarios privados y mayores consumidores como usuarios no regulados (UNR) y zonas francas.
Como resultado de la capitalización de la industria, en estos momentos República Dominicana cuenta con suficiente capacidad de generación (3,100MW), pero las pérdidas de energía en las distribuidoras estatales todavía son del orden del 31%”. Estas empresas de distribución, reestatizadas en el 2003, aún necesitan mantener un programa de administración de la demanda, entiéndase administrar apagones eléctricos para minimizar el impacto económico que representaría suministrar 24 horas de energía diaria en los circuitos que pierden 31%, además de que requieren subsidios e inversiones por parte del Gobierno para financiar sus operaciones y planes de expansión.
El plan de trabajo que se ha elaborado en el pacto, busca reducir las pérdidas totales al 15 por ciento y alcanzar la autosuficiencia financiera en el año 2022”. Estas acciones buscan como propósito acelerar la autosuficiencia del sector eléctrico, y respondiendo a uno de los mandatos de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que se convirtió en una demanda de la sociedad, se convoca con el decreto 389-14 a un diálogo constructivo entre las fuerzas vivas de la nación, al que se ha denominado Pacto Nacional, para la reforma del Sector Eléctrico.
De ahí la importancia de éste en este Pacto Eléctrico se logre acuerdos y recomendaciones que permitan “relanzar el sector eléctrico en su conjunto y, de manera puntual, conviertan las empresas distribuidoras estatales, en empresas eficientes y autosostenibles, con capacidad de aportar recursos fiscales al Gobierno, de manera que con su aporte contribuyan al financiamiento de otros renglones de la economía nacional, como lo son la educación, la salud, la infraestructura, etc.”.
JS ¿Existe la posibilidad, desde su punto de vista, que el Pacto Eléctrico se concrete este año?
R. Pienso que se concretará finalmente este año 2017, la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, ya que existe una unión de voluntades en los principales sectores convocados por el decreto 389-2014 y particularmente para el Gobierno es una ‘prueba superada’ en la concertación de pactos y acuerdos importantes de gobernanza democrática. El Pacto Eléctrico se sumaría al Pacto para la Reforma Educativa firmado en el 2014, completaría dos de tres pactos previstos en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que prevé, además el Pacto por la Reforma Fiscal al año 2030.
JS ¿Cite los obstáculos que identifica en el Pacto Eléctrico hasta el momento?
R. Existen intereses económicos muy importantes entre los sectores gubernamental y empresarial. Como es sabido, el Gobierno defiende sus instituciones: Las distribuidoras de electricidad (EdeEste, Norte y Sur), la empresa Generadora Hidráulica (EGEHID), la empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y el sector empresarial, que representa los generadores de electricidad. Estos dos sectores defienden sus espacios e intereses arduamente, sin embargo, los sectores social y laboral, también convocados a las discusiones del Pacto Eléctrico, representan o defienden los consumidores y trabajadores dominicanos. La defensa de estos intereses pudiera parecer un obstáculo para el avance del consenso y concreción del Pacto.
JS ¿Pueden resultar perjudicados los intereses de los municipios con la firma del Pacto Eléctrico?
R. Pienso que sí. Pueden resultar perjudicados los intereses de los municipios si se logra firmar el Pacto Eléctrico con las propuestas del Gobierno y el sector privado que representa los generadores, han planteado sobre él; alumbrado público y el uso de suelo.
Estos perjuicios están fundamentados en varios aspectos, partiendo del hecho de que los alcaldes no fueron convocados a las discusiones del Pacto. Con el decreto 389-2014, sino instituciones que agrupa a los municipios como son Fedomu y la Liga Municipal Dominicana, que según nuestras fuentes esta última nunca asistió a las sesiones de discusión del Pacto, ni aportó nunca una propuesta a dichas discusiones.
Para tener una idea de las propuestas de los empresarios o generadores y del propio sector gubernamental en el Pacto, se ha propuesto:
a) Eliminar la tasa del 3 por ciento de la recaudación que deben pagar las distribuidoras a los municipios según la ley 125-01, que permite que los municipios paguen las inversiones y el consumo del alumbrado público, para que este consumo sea cargado a las facturas de nosotros los usuarios finales del sistema mensualmente como un costo fijo.
b) Que el alumbrado público sea responsabilidad de las distribuidoras, y que su costo se asocie al Valor Agregado de Distribución (VAD). En otras palabras, proponen que se establezca un mecanismo de retribución por las inversiones y el consumo del alumbrado público, pero sacando los municipios.
c) Que continúe el despropósito que los grandes usuarios del sistema eléctrico que compran a los generadores como Usuarios No Regulados (UNR) no paguen la tasa del 3 por ciento de la recaudación que debe pagarse a los municipios según la ley 125-01, y
d) Que el marco jurídico establecido sea objeto de modificación para permitir estos cambios propuestos a la ley General de Electricidad 125-01.
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